La Misión Internacional Independiente para Venezuela de las Naciones Unidas (ONU) alertó en su último informe que el aparato represor del Estado “se ha vuelto más selectivo” contra la disidencia política y civil.
Francisco Cox, miembro de la Misión, explicó que esta realidad “se debe al efecto inhibitorio de sus anteriores esfuerzos para anular la disidencia”. Advirtió que el Estado “puede recurrir a mecanismos más duros”, activados y desactivados por el propio Gobierno.
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“Los mecanismos de represión documentados en el capitulo 4 contribuyen a la política del Estado de silenciar, desalentar y sofocar la oposición real o percibida al Gobierno”, agregó.
El también abogado indicó en una rueda de prensa de que en el último informe se detallan los métodos de represión, tanto duros como blandos, desplegados en Venezuela “contra opositores reales y percibidos como tal”.
“Los mecanismos de represión siguen existiendo, lo que hace que la vigilancia internacional a la vigencia de los derechos humanos sea más crucial que nunca en Venezuela”, dijo por su parte Marta Valiñas, presidenta de la Misión.
Tácticas represoras heredadas
De acuerdo con el informe de la Misión de la ONU, las antiguas Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional, disueltas en 2022 y acusadas de ejecuciones extrajudiciales, ha heredado sus “tácticas represoras” a la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) por la presencia de los mismos funcionarios acusados de los delitos.
“Personas clave en la FAES o en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) han logrado importantes puestos en el DAET, frente a nuestra recomendación de que fueran investigados por graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales”, explicó Valiñas.
Con base en esta premisa, determinan que no es más que una “continuación en términos de estructura, mando y modus operandi de las FAES”.
El informe, cuarto de la misión desde que fuera creada por el propio Consejo de Derechos Humanos en 2019, no documenta en esta ocasión casos de ejecuciones extrajudiciales relacionadas con estos cuerpos de seguridad, pero se muestra preocupado por la persistencia de éstas “en el contexto de operaciones contra el crimen organizado”.
“A pesar de la disminución (de las ejecuciones extrajudiciales) reportada en los últimos años, la misión observa que el número de muertes por fuerzas de seguridad en el país sigue siendo alarmante y continúa estando entre los más altos del mundo”, agrega el documento de la misión.
La documentación e investigación de la misión concluye en que “hay motivos razonables” para creer que se han cometido cinco privaciones arbitrarias de la vida, 14 desapariciones forzadas de corta duración y 58 detenciones arbitrarias cometidas entre enero de 2020 y agosto de 2023.
En la investigación también ha documentados 28 casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes contra personas detenidas, incluidos 19 casos de uso de violencia sexual y de género contra hombres y mujeres.
