Este sábado entraron en vigor 236 leyes firmadas por el gobernador del estado de La Florida, Ron De Santis. Entre ellas la SB 1718 una de las más controversiales, y calificada como dura, contra la migración ilegal en el territorio.
La Ley regula el transporte de indocumentados, ya sea que hayan entrado al territorio de forma ilegal o que se haya vencido su tiempo legal de permanencia, las licencias de conducir y el empleo para inmigrantes, así como la información requerida por hospitales referentes al estatus migratorio.
Las sanciones van desde cinco hasta quince años de prisión para las personas que transporten a ilegales hacia el estado de La Florida. La Ley también indica que las licencias de conducir o identificaciones emitidas por otros estados a los inmigrantes “sin estatus legal” no serán válidas en La Florida.
Asimismo exige a hospitales preguntar a los pacientes su estatus migratorio e informar sobre los costos de atención que tuvieron, sin embargo el paciente no está obligado a responder para ser atendido.
En materia laboral, la ley obliga a todas las empresas con 25 o más empleados a utilizar el programa E-Verify para documentar la elegibilidad de los nuevos empleados para trabajar. En caso contrario podrían enfrentar la pérdida de la licencia comercial de por vida o multas que van desde los 1.000 dólares diarios por cada empleado.
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Otro punto es que se dotará con 12 millones de dólares el programa de vuelos de migrantes de De Santis, que permite trasladar a las personas desde el estado a otros territorios de Estados Unidos.
La Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida indicó a CNN que la preocupación mayor radica en que la ley podría hacer más vulnerables a los migrantes, exponiéndolos a la explotación. Los demócratas intentaron suavizar el proyecto de ley, presentando una serie de enmiendas que fueron rechazadas por los republicanos en la Cámara de Representantes.
Otras leyes aprobadas son la HB 543, la cual indica que los residentes de Florida podrán portar armas ocultas en espacios públicos sin tener un permiso del gobierno. Así como la ES 264 que restringe la compra de propiedades en el estado a ciudadanos de China, Cuba, Venezuela, Rusia, Siria, Corea del Norte e Irán.
