Activistas en Venezuela rechazaron el proyecto de ley contra el neofascismo, propuesta por la administración de Nicolás Maduro, alegando que tergiversa la definición del “fascismo” con el fin de arreciar “la persecución por razones ideológicas” y los “ataques a la libertad de expresión”.
Para el director de la ONG Acceso a la Justicia, Ali Daniels, las tendencias que utiliza el oficialismo como fascismo, “distorsiona completamente” el concepto en caso de ser aprobada, “cualquier expresión del pensamiento puede ser objeto de persecución”.
Agregó que el fascismo “no es liberal” y “no puede confundirse con ideas conservadoras morales”.
Daniels advirtió que esta ley puede ser “peligrosa” y “regresiva” ya que, como está planteada, busca “perseguir las ideas de las personas” y “censurar creencias, aunque sean legítimas”, por lo que “da pie a la arbitrariedad”.
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Agregó que hay partidos y organizaciones políticas que se definen públicamente como liberales, por lo que correrían el riesgo de “ser declarados criminales y fascistas” y, en consecuencia, “perseguidos sus miembros”.
A su juicio, se pretende “aumentar el miedo en la sociedad para que haya menos voces disidentes y pueda mantenerse un mayor control sobre las mismas”, por lo que -aseguró- los venezolanos considerarán abstenerse “de decir opiniones que alguien podría calificar”, por ejemplo, de conservadoras o neoliberales.
Por su parte, la ONG Provea advirtió que aprobar la ley “significaría un avance en la construcción de un modelo de Gobierno totalitario, agravando aun más las garantías para el disfrute de los derechos humanos de la población”.
Igual que Daniels y Provea, la Universidad Central de Venezuela (UCV), el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y otras agrupaciones civiles rechazaron la propuesta de ley, al considerar que amenaza “derechos”.
