Agentes del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos colocaron un aviso de embargo en la casa del comisionado de Miami, Joe Carollo, como parte de una enorme decisión judicial multimillonaria que pesa en su contra.
La confiscación de los bienes de Carollo forma parte del cumplimiento de una sentencia en la que deberá pagar más de 63 millones de dólares tras una demanda presentada por dos empresarios de Miami.
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Un jurado civil federal determinó a mediados del año pasado que el funcionario infringió sus derechos constitucionales al utilizar su cargo para tomar represalias políticas en contra de los negocios de estos dos ciudadanos.
Bill Fuller y su colega empresario Martín Pinilla afirmaron que Carollo utilizó como método de presión a la policía de la ciudad y a los departamentos de cumplimiento de códigos para cerrar varios de sus negocios en la Pequeña Habana por apoyar a su oponente político.
En declaraciones, Carollo aseguró que apelará la decisión, asegurando además ser un “perseguido político”.
