A juicio del rector del Consejo Nacional Electoral (CNE), Luis Emilio Rondón, el decreto para la participación en procesos electorales aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) «representa un claro retroceso en materia de derechos políticos, que pretende de forma inconstitucional e ilegal modificar reglas vigentes en el estamento legal venezolano».
De acuerdo al dirigente comicial, este derecho «obliga a las organizaciones políticas que no participaron en las elecciones pasadas a cumplir con un proceso ya verificado el año anterior», en referencia a la exigencia establecida en 2017 por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Rondón consideró que «la Ley de Partidos Políticos es muy clara en cuanto al proceso de renovación de nóminas», y recordó que «hasta el momento no ha sido derogada», por lo que denunció que la decisión tomada por la ANC y asumida por el CNE «viola el principio de la no retroactividad de las leyes y de cualquier disposición normativa, conforme a lo establecido en el artículo 24 de la Constitución».
«Una decisión política no puede alterar el ordenamiento jurídico venezolano para además perjudicar la participación y la libre asociación política. Además, el artículo 298 constitucional prohíbe modificar leyes electorales seis meses antes de llevarse a cabo una elección; y tomando en cuenta que hay procesos comiciales pendientes para este año, podría también violarse esta disposición, en el supuesto que se adelanten dichos comicios», alertó Rondón.
Tomando en cuenta que esta decisión además fue acatada por el CNE encontrándose en receso vacacional, Rondón señaló: «Es impresionante la celeridad con que el organismo actúa para este procedimiento, cuando se tiene a la fecha, por ejemplo, una deuda con los electores del estado Bolívar, con respecto a las resultas del recurso jerárquico contra la elección de gobernador de esa entidad, que además fue admitido ya por el ente electoral, y que urge resolver a la brevedad».
Por último, el rector manifestó su rechazo a que se utilicen «recursos públicos no previstos en el presupuesto del CNE para el año 2018», a los efectos de realizar un nuevo proceso de renovación –a menos de un año de haberse renovado los partidos-, dada la situación económica por la que atraviesa el país, pues argumentó que dichos recursos «deberían más bien estar destinados a satisfacer las necesidades básicas de los venezolanos».
