El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó de traición y destituyó al secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar, por adjudicar a la compañía de origen británico Thomas Greg & Sons el contrato para la fabricación de pasaportes.
“El secretario general de la Cancillería nos ha traicionado. Se firma su insubsistencia inmediata. El contrato es corrupto y aquí está metida la capacidad de la empresa particular en todos los procesos de Thomas Greg & Sons y en la monopolización de todos los datos privados en una sola empresa privada”, precisó Petro.
El secretario general de la cancillería nos ha traicionado. Se firna su insubsistencia inmediata. El contrato es corrupto y aquí esta metida la capacidad de la empresa particular en todo los procesos de Thomas Greg & Sons y en la monopilización de todos los datos privados en una… https://t.co/fT0109Qfuv
— Gustavo Petro (@petrogustavo) February 26, 2024
Este hecho sucede luego que el gobierno colombiano suspendiera la licitación de la semana pasada en la que se revisarían más de 550 observaciones hechas por las partes interesadas, en medio de una controversia que llevó a la Procuraduría General (Ministerio Público) a suspender del cargo por tres meses al canciller colombiano, Álvaro Leyva.
La Cancillería también había reasignado la competencia para dirigir esta licitación a la Secretaría General del Ministerio de Relaciones Exteriores, que se encargaría de coordinar los trámites administrativos, presupuestales, jurídicos y relacionados.
Sin embargo, Salazar firmó este lunes 26 de febrero la resolución con la que se adjudicó el contrato de 599.000 millones de pesos (unos 149 millones de dólares) a la Unión Temporal Pasaportes 2023, liderada por Thomas Greg & Sons.
El Ministerio Público suspendió en enero de 2024 a Leyva por las posibles irregularidades ocurridas durante la licitación del contrato para fabricar pasaportes.
Leyva acató la decisión y Petro nombró como canciller encargado al embajador en Washington, Luis Gilberto Murillo.
Sin embargo, la Procuraduría no suspendió a Salazar por este caso, a pesar de que lo investigan desde septiembre de 2023 por presuntas irregularidades en la anulación de la licitación para expedir los pasaportes.
