El Ministerio Público (MP) venezolano expresó este viernes su desacuerdo con los señalamientos de un grupo de relatores de Naciones Unidas sobre la presunta aplicación de leyes antiterroristas en el caso y condena de los seis sindicalistas del estado Guárico, sentenciados a 16 años de prisión.
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Mediante el comunicado, difundido por el fiscal general Tarek William Saab a través de sus redes sociales, el MP, aseveró que los señalamientos de los relatores Fionnuala Ní Aoláin y Clément Nyaletsossi Voule no tendrían “ninguna base”.
En respuesta a las aseveraciones de los expertos internacionales, la fiscalía detalló que “estos seis hombres pertenecían a una organización subversiva y conspirativa que había planificado realizar varias acciones en contra del gobierno nacional”, entre las cuales estaría un presunto asalto a un parque de armas en la localidad de San Jacinto en Mérida.
“Con estas armas planificaban realizar actos de sabotaje y entorpecimiento en las actividades del 5 de Julio de 2022, en las que participaría el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro y el alto mando militar. Ninguno de estos ciudadanos presentó durante el juicio alguna constancia que lo acreditara como miembro de una organización sindical”, detalló la fiscalía sobre el caso.
Acerca de esto último, detalla la misiva publicada en las redes sociales del fiscal general que “la supuesta condición de luchadores sociales o sindicalistas que se esgrime en la defensa pública de los condenados, no implica algún tipo de inmunidad que les exima de la aplicación de la ley por su participación en hechos que atenten contra la paz y la seguridad de la nación”.
#COMUNICADO….El @MinpublicoVEN manifiesta su #desacuerdo con pronunciamiento de relatores de la ONU.
El Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela manifiesta su total desacuerdo con la postura asumida por los relatores de Naciones Unidas Fionnuala Ní Aoláin y… pic.twitter.com/yGW2yEPFmk
— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) August 11, 2023
“Abuso crónico”
En cuanto a lo declarado por los expertos de Naciones Unidas, la organización detalló mediante una nota de prensa que la condena por los cargos imputados a los seis sindicalistas se trataría de “un ‘abuso crónico’ de las leyes antiterroristas de Venezuela utilizada en contra de quienes defienden los derechos de los trabajadores y trabajadoras”.
Los relatores aseveraron que “en un proceso judicial marcado por irregularidades y excepcionalidades, tal abuso de medidas antiterroristas es totalmente contrario al derecho internacional”, por lo cual denunciaron “el uso indebido de las leyes antiterroristas” que, en este caso según sus consideraciones, responderían a “un intento de sofocar y asfixiar a la sociedad civil organizada”.
“Consideramos que condenas de prisión tan elevadas son un intento de sacar de circulación a los actores de la sociedad civil y dañar el espacio cívico en Venezuela. La dureza de las condenas sirve de advertencia a otras personas que podrían participar en actividades disidentes o asociativas, contrarias a las opiniones del gobierno”, agregaron los relatores.
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