Por medio de un comunicado 204 organizaciones y 415 miembros de la sociedad civil rechazan la detención arbitraria y la desaparición forzada por más de 60 horas de Rocío San Miguel, defensora de Derechos Humanos, abogada y presidenta de la ONG Control Ciudadano.
San Miguel fue detenida el pasado viernes por parte de agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, Venezuela.
Por medio del comunicado denuncian que tras la detención de San Miguel pasaron dos días “sin que sus familiares, abogados y la sociedad en su conjunto tuviera conocimiento de su paradero, integridad y vida convirtiéndose en un hecho público y notorio su desaparición forzada”.
Por está razón, para las organizaciones la detención de la abogada “viola disposiciones internacionales contra la desaparición forzada, así como el deber de los Estados de no practicarla, permitirla ni tolerarla”.
La presidenta de Control Ciudadano es destacada por su labor desde la ONG “en la investigación, monitoreo y evaluación de temas de seguridad y defensa nacional y sobre las fuerzas armadas. Realiza seguimiento y supervisión de los compromisos del Estado venezolano con el Estatuto de Roma, publicando informes que se han difundido ampliamente por sus redes sociales en el país y en instancias internacionales”.
Para las organizaciones esta detención “se enmarca en las políticas del gobierno venezolano de criminalización y persecución de la labor de promoción y defensa de los derechos humanos y de cierre del espacio cívico en Venezuela”, por ello avalan públicamente la trayectoria de San Miguel y por lo cual exigen el respeto a su integridad física y psicológica tanto la de ella como la de su familia, así como su libertad inmediata.
Exigieron además a instancias de las Naciones Unidas y de todo el Sistema Internacional de Derechos Humanos, incluyendo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Relatora Especial sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pronunciarse firmemente por la liberación inmediata la defensora e hicieron un llamado a los gobiernos democráticos y organizaciones cívicas del mundo, a denunciar esta inaceptable y grave conducta y a solidarizarse con la liberación inmediata de San Miguel.
