Un proyecto de ley en Madagascar que establece como pena la castración quirúrgica o química para los condenados por abuso sexual de menores, ha desatado controversia en la comunidad internacional.
La normativa ya fue aprobada por el Parlamento y el Senado de el país africano a principios de febrero, por lo que ahora espera la validación del Alto Tribunal Constitucional, para ser promulgada por el gobierno de Andry Rajoelina.
El texto establece la castración quirúrgica para aquellos abusadores sexuales contra niños menores de 10 años, mientras que en los casos en los que la víctima tenga entre 10 y 13 años, se contempla tanto la castración química como la quirúrgica. Para atacantes de menores de entre 13 y 18 años, se prevé únicamente la castración química.
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Entre las reacciones de rechazo al proyecto, figura el pronunciamiento de la organización no gubernamental (ONG) Amnistía Internacional que pidió a las autoridades de Madagascar derogar la posible legislación.
Esa medida «constituye un trato cruel, inhumano y degradante, como castigo para quienes son declarados culpables de violar a menores», afirmó el director regional de la organización para el este y sur de África, Tigere Chagutah, en un comunicado.
Además, subrayó que resulta «incompatible con las disposiciones constitucionales malgaches contra la tortura y otros malos tratos, así como con las normas regionales e internacionales de derechos humanos».
En Madagascar, los casos de violación siguen sin denunciarse y los autores a menudo quedan en libertad debido al temor de las víctimas y sus familias a las represalias, la estigmatización y la falta de confianza en el sistema judicial, de acuerdo con la ONG.
Recientemente la ministra de Justicia de Madagascar, Landy Mbolatiana Randriamanantenasoa, indicó que la decisión se debió al aumento del abuso a menores en el país, registrándose el año pasado alrededor de 600 casos.
