El Gobierno de Nicaragua ilegalizó la personalidad jurídica de la Asociación Casa Ave María este viernes, en un acto más contra las organizaciones religiosas. La ONG, que funcionaba desde hace 33 años, será también despojada de sus bienes por orden de las autoridades.
La disolución fue aprobada por la ministra de Gobernación, María Amelia Kinloch, por “incumplimiento de leyes”. El argumento central es que la junta directiva de la organización estaba vencida desde el pasado 9 de septiembre desde el 2022. Además indicaron que no reportaron sus estados financieros del período fiscal entre 2019 y 2022.
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“Obstaculizan el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro”, indicó el acuerdo ministerial publicado en el Diario Oficial La Gaceta. Con respecto a la liquidación del patrimonio, indicaron que la Procuraduría General de la República realizará el traspaso de los bienes muebles o inmuebles a nombre del Estado.
El Gobierno de Daniel Ortega emprendió una persecución contra la Iglesia Católica: expulsó y encarceló a sacerdotes, prohibió actividades religiosas y rompió las relaciones diplomáticas. Otras organizaciones que ilegalizó y expropió fueron la Fundación Fraternidad Pobres de Jesucristo y la Asociación Hijas de Santa Luisa de Marillac en el Espíritu Santo.
