Un grupo de legisladores demócratas y activistas estadounidenses advirtió que la ley de Florida SB 1718, la cual contempla medidas restrictivas a migrantes indocumentados, ocasionará pérdidas millonarias al año debido a la escasez de mano de obra en ese estado.
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La congresista federal, Darren Soto, expresó su preocupación ante la norma, que entrará en vigor el próximo sábado 1 de julio, al considerar que esta impactará severamente en sectores de la economía como la hostelería, la agricultura y la construcción.
Por su parte, Samuel Vílchez, de la Coalición de Inmigración Empresarial Estadounidense, alertó que la SB 1718 amenaza a casi 400.000 indocumentados que trabajan en seis importantes sectores en Florida y suponen casi el 10 % de la fuerza laboral.
Esta organización aseveró que la implementación del sistema gubernamental E-Verify a empresas de más de 25 empleados, con el fin de confirmar que la persona puede trabajar en el país, “va a suponer a la economía de Florida más de 12.600 millones de dólares al año en pérdidas económicas”.
A juicio de la legisladora estatal Anna Eskamani, la ley es usada como plataforma para la agenda política del gobernador Ron DeSantis, uno de los aspirantes a la nominación republicana para las elecciones presidenciales de 2024.
Los líderes empresariales manifestaron su temor a represalias por parte del gobernador, mientras que Tessa Petit, directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes de Florida, subrayó que “estamos bajo ataque y vamos a seguir viendo ataques a los inmigrantes” e instó a la administración del presidente Joe Biden implemente una reforma migratoria.
Se espera que el próximo sábado trabajadores agrícolas, de la construcción, paisajistas y propietarios de pequeñas empresas protesten contra esta normativa en varias localidades de Florida.
