La organización Human Rights Watch (HRW) expresó su preocupación por la reciente orden ejecutiva emitida por el gobierno de Joe Biden, la cual, según la institución, busca limitar severamente el derecho de asilo en Estados Unidos y “pone en riesgo a miles de personas”.
HRW destacó que la orden efectivamente cierra la frontera a los solicitantes de asilo una vez que se alcanza un cierto número (2.500 de media durante 7 días), a pesar de que el artículo 31 de la Convención de Refugiados establece que toda persona tiene derecho a solicitar protección en las zonas limítrofes.
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Vicki B. Gaubeca, directora asociada de políticas migratorias en EE. UU. en la organización, criticó la orden, diciendo que se ha decidido “concentrándose en cifras arbitrarias en lugar de en seres humanos (e) ignora el daño potencial a individuos, familias y niños que pueden ser obligados a regresar por la fuerza al peligro”.
Gaubeca también señaló que la política parece replicar las duras políticas anti-inmigración del gobierno del exmandatario republicano Donald Trump, “alimentando el temor contra los inmigrantes” y dando la impresión de ser más duros en el control en la frontera sur de Estados Unidos.
Solicitar asilo es un derecho humano.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha puesto en peligro miles de vidas con una orden ejecutiva que limita el asilo en la frontera entre Estados Unidos y México.
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— Human Rights Watch (@hrw_espanol) June 6, 2024
Además, la defensora de los derechos humanos lamentó que la orden parece ser parte de “este teatro político que aparece siempre en cada ciclo electoral presidencial”, y criticó que BIden no haya optado por “crear un enfoque equilibrado y de respeto a los derechos para gestionar la frontera con México”.
Finalmente, Gaubeca recordó que esta no es la primera vez que la Administración de Joe Biden restringe el derecho de asilo, citando una ley del año pasado que obligaba a los inmigrantes a registrarse en una aplicación telefónica o a solicitar asilo en un país de tránsito, así como los planes para fortalecer la cooperación entre los departamentos de Justicia y Seguridad con un enfoque cada vez más policial.
