Ali Daniels, co-director de la ONG Acceso a la Justicia (@accesoalajusticia), denunció la existencia de una «política de Estado» en Venezuela de no permitirle a los detenidos -haciendo énfasis en el caso Rocío San Miguel- a tener acceso a la defensa privada y que se divulgue el lugar de aprehensión.
«Esto es sumamente grave porque todos tienen derecho a escoger la defensa que ellos quieren», explicó.